Artículo 6 TRLTSV: Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico

Marco orgánico de la Dirección General de Tráfico

El Real Decreto 207/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, establece en su art. 12.1 que corresponde a la DGT: «v) La determinación de requisitos de aptitud psicofísica para la obtención y renovación de las autorizaciones administrativas para conducir en colaboración con la autoridad sanitaria y de acuerdo con el avance científico y técnico».

Por consiguiente, esta habilitación sitúa a la Jefatura Central de Tráfico en estrecha coordinación con las autoridades de salud pública, garantizando que los reconocimientos médicos evalúen las aptitudes y capacidades para una conducción segura. Asimismo, dicha supervisión técnica es decisiva para constatar la vigencia de los permisos frente a posibles patologías.

Evolución histórica en la estructura orgánica del Ministerio del Interior

El Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, en el que se desarrollaba la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, disponía en su artículo 10 que correspondían a la Dirección General de Tráfico las funciones relativas a la determinación de requisitos de aptitud psicofísica y, expresamente, «los criterios relativos a la interferencia en la conducción de las drogas, estupefacientes, psicotrópicos y estimulantes».

Esta formulación se mantuvo en el Real Decreto 873/2014, de 10 de octubre. Sin embargo, el Real Decreto 770/2017, de 28 de julio, retiró a la DGT la competencia específica para fijar los criterios relativos a la interferencia de las drogas en la conducción. Dicha exclusión se consolidó en los reales decretos de estructura posteriores de 2018, 2020 y 2024.

Complejidad toxicológica y delimitación competencial

Los criterios de interferencia consisten en fijar un protocolo sobre cómo incide cada sustancia en el manejo del vehículo según el tiempo y la dosis consumida. Mientras que el cannabis altera la conducción reduciendo la coordinación y el juicio espacial, los estimulantes como la cocaína o el éxtasis provocan impulsividad y sobrevaloración.

Asimismo, ciertos medicamentos hipnosedantes generan una intensa somnolencia que dispara el tiempo de reacción del conductor. No obstante, en vía administrativa rige la prohibición taxativa ante la presencia de sustancias ilegales, reservándose la influencia técnica al tipo penal.

Dualidad entre la Dirección General y el Organismo Autónomo

Al frente del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico está el Director o la Directora General de Tráfico. La creación de la Dirección General de Tráfico se produjo mediante el Decreto 246/1968, de 15 de febrero, que reorganizó el Ministerio de la Gobernación. En su art. 1º dispone que dentro del Ministerio existirá la Dirección General de la Jefatura Central de Tráfico y en su art. 9º fija su estructura operativa bajo el mando superior de la DGT.

Metafóricamente hablando, la Dirección General de Tráfico representa el rótulo externo institucional, mientras que el soporte interno y funcional lo conforma la Jefatura Central de Tráfico. En consecuencia, la gestión presupuestaria, el régimen patrimonial y la expedición del permiso de circulación o las tasas pertenecen a este organismo autónomo, si bien informes del Tribunal de Cuentas han advertido de la singularidad organizativa que supone esta superposición competencial.

Desarrollo orgánico del Ministerio del Interior

Véase el art. 12 del Real Decreto 207/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. En este precepto se detallan de forma exhaustiva los órganos directivos, subdirecciones y unidades de gestión que ejecutan las atribuciones encomendadas por la legislación sobre tráfico y seguridad vial.

Asimismo, este marco sustenta la regulación y expedición de los permisos y licencias de conducción, garantizando que el ejercicio de la movilidad responda plenamente a las exigencias normativas vigentes.

Eficacia vinculante en el ámbito policial y municipal

Las instrucciones de la DGT resultan de obligado acatamiento tanto para el personal propio del organismo como para los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los miembros de las policías locales.

Asimismo, esta doctrina se fundamenta en el escrito de la Subdirección General de Normativa y Recursos de 5 de junio de 2008. Al corresponder al Estado la fijación de las directrices básicas en seguridad vial, las resoluciones interpretativas de la DGT vinculan la actuación policial. De este modo se hace cumplir el estricto orden de prioridad de las señales de tráfico en todas las vías públicas.

La función asistencial en carretera

La legislación vial no se limita a una visión punitiva, sino que enfatiza el auxilio técnico y los primeros auxilios con los accidentados de tráfico mediante la aplicación del protocolo PAS (Proteger, Avisar y Socorrer).

Por consiguiente, resulta ilustrativo contrastar nuestro marco legal con el Codice della Strada italiano, el cual añade expresamente en su artículo 11 la posibilidad de que los agentes colaboren formalmente en la realización de estudios técnicos de movilidad. Dicho enfoque favorece la prevención de siniestros viales en calzada.

Requisitos de servicio y valor probatorio

Los guardias civiles, aun cuando no pertenezcan orgánicamente a la Agrupación de Tráfico, pueden denunciar infracciones cometidas contra las normas de seguridad vial en el marco de sus funciones generales de velar por el cumplimiento de las leyes.

Sin embargo, para que sus denuncias no tengan la consideración de voluntarias y gocen de la presunción legal de veracidad que reconoce el artículo 88 del TRLTSV, es indispensable que los actuantes se encuentren prestando una orden de servicio que les encomiende formalmente la vigilancia del tráfico. Por consiguiente, ante maniobras como un adelantamiento indebido o un exceso de velocidad, la orden de servicio determinará la fuerza probatoria inicial del boletín.

Creación de la Agrupación de Tráfico

Mediante la Ley 47/1959, de 30 de julio, sobre regulación de la competencia en materia de tráfico en el territorio nacional, se encomendó a la Guardia Civil la vigilancia, auxilio y control de las vías públicas. En ejecución de la misma, la Orden General núm. 32, de 26 de agosto de 1959, creó la Agrupación de Tráfico para relevar a la antigua Policía Armada y de Tráfico.

Además de las funciones de vigilancia vial, sus agentes ejercen competencias sancionadoras en materias conexas de transporte e impuestos especiales. Así ocurre, por ejemplo, ante el empleo indebido de gasóleo bonificado en un turismo particular tipificado en la Ley 38/1992, en cuyo caso toman muestras precintadas y formulan el acta correspondiente ante la autoridad aduanera.

Controles de sustancias y seguridad pública

Por otra parte, su intervención operativa se extiende de forma colaborativa a otros ámbitos, como la comprobación de la tasa de alcoholemia y drogas a patrones de embarcaciones a requerimiento del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

Del mismo modo, intervienen en controles cinegéticos junto a agentes de medio ambiente para verificar que los portadores de armas no superen los límites de alcohol y conducción, conforme a lo establecido en el Reglamento de Armas.

Régimen de adscripción a la Jefatura Central

La dependencia funcional de la Agrupación respecto a la JCT se canaliza a través de la Orden de 16 de abril de 1980, complementada por la Instrucción 12/TV-71, de 27 de abril de 2012, sobre procedimientos de coordinación interna entre la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil.

Asimismo, la Orden PRE/422/2013, de 15 de marzo, dispone en su artículo 12 que corresponde a la Jefatura de la Agrupación de Tráfico organizar y dirigir el ejercicio específico de las competencias en seguridad vial. Esta coordinación asegura la correcta utilización de los recursos técnicos, como los sistemas de control en autopista y autovía.

Reserva de ley sancionadora

Las instrucciones y directrices administrativas están concebidas para unificar la interpretación técnica de los agentes encargados de la vigilancia del tráfico. Sin embargo, no pueden en ningún caso tipificar nuevas infracciones ni imponer sanciones que carezcan de cobertura legal previa en una norma con rango de ley.

Por consiguiente, supuestos como el de la Instrucción 2019/S-149 TV-108, referida a los vehículos de movilidad personal en el marco de la micromovilidad, suscitaron debate doctrinal al fijar pautas sancionadoras. Dicha exigibilidad requería un anclaje normativo formal en el TRLTSV para respetar escrupulosamente el artículo 25 de la Constitución.