Artículo 5 TRLTSV. Competencias del Ministerio del Interior.

Criterio terminológico y derecho comparado

Los ministerios cambian de nombre de forma continua. Por eso, convendría que la ley aludiese al ministerio con competencias en tráfico. Así sucede en el artículo 2 del Código de la Circulación de Luxemburgo.

Asimismo, en la estructura administrativa nacional, la DGT depende de la Subsecretaría de Interior. Esta adscripción emana del Real Decreto 207/2024, de 27 de febrero, que fija la estructura básica de dicho ministerio.

Marco reglamentario y clasificación vehicular

Esta habilitación administrativa se desarrolla en el artículo 7 del Reglamento General de Conductores (RGCond).

Por consiguiente, debe aplicarse la normativa europea vigente desde el 1 de enero de 2016. En consecuencia, el Reglamento (UE) 168/2013 cataloga a los ciclomotores como vehículos de motor.

Definición bajo el acuerdo ADR

El texto del acuerdo internacional ADR nombra este permiso oficial. Concretamente, lo define como “Certificado de formación del conductor“.

Cualificación profesional CAP y accesibilidad universal

No obstante, esta materia no es competencia directa del Ministerio del Interior. Para trabajar conduciendo camiones o autobuses se debe poseer el Certificado de Aptitud Profesional (CAP). Además, dicho curso enseña la atención a las personas con movilidad reducida que usan sillas de ruedas.

Por otro lado, esta obligación deriva del Reglamento Europeo UE 2018/858, que regula los sistemas I-Size. En su anexo para vehículos accesibles, impone requisitos claros. Por consiguiente, los autobuses nuevos deben llevar anclajes para sistemas de retención infantil y rampas.

Desarrollo en el Reglamento General de Conductores

Los exámenes teóricos, las pruebas prácticas y las revisiones médicas figuran en el Reglamento General de Conductores. En concreto, se detallan entre los artículos 25 y 30.

Por tanto, esta revisión periódica confirma que los conductores conserven sus aptitudes físicas y mentales. De esta forma, se garantiza una conducción segura en las vías públicas.

Régimen jurídico del cese de vigencia

Las normas sobre nulidad, lesividad y pérdida de vigencia se regulan en el RGCond. Dichas pautas se recogen ampliamente en los artículos 34 al 40.

En consecuencia, estos trámites anulan los permisos cuando faltan requisitos básicos. Igualmente, se aplican de modo directo al agotar el saldo del permiso por puntos.

Principio de libre circulación y directrices de la DGT

El principio comunitario ampara el canje de permisos emitidos en la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo. Además, la Instrucción 2018/C-131 de la DGT aclara que no cabe sanción si se obtuvo residiendo en España.

Por el contrario, la ley no permite esta vía a ciudadanos extracomunitarios afincados en España. Por tanto, no pueden obtener el permiso en viajes temporales a su país para convalidarlo aquí.

Articulado regulador en el RGCond

El procedimiento formal para convalidar y canjear títulos se recoge en el Reglamento General de Conductores. Estas normas figuran en los artículos 15 al 20.

Asimismo, estos artículos fijan las reglas técnicas y las tablas de equivalencias. De este modo, se comparan los carnés nacionales con los expedidos por otros Estados y cuerpos de seguridad.

Omisión legal de las licencias de conducción

Resulta curioso que la ley regule el canje de permisos y del ADR pero olvide las licencias. Así ocurre con las licencias de vehículos especiales agrícolas o para personas con movilidad reducida.

Por lo tanto, este vacío legal excluye trámites administrativos habituales para muchos conductores. En especial, afecta a quienes usan vehículos agrícolas o adaptados.

Ámbito de validez y plazos del canje al entorno civil

Los carnés expedidos por el Ejército, la Policía Nacional o la Guardia Civil solo autorizan la conducción en sus flotas. Para llevar vehículos particulares en la vía pública, es obligatorio tramitar el canje civil.

En consecuencia, los agentes o militares pueden pedir este trámite en servicio activo o dentro de los seis meses tras el cese. Además, rige el mismo plazo desde que se alcance la edad exigida para cada clase.

Procedimiento de tramitación y derecho comparado

Si se cumple la edad tras un año del cese, se exige un certificado de examen militar. En activo se conservan ambos carnés; sin embargo, tras el cese final se retira el título militar. Mientras se gestiona, se entrega un volante provisional.

Por otro lado, las escuelas policiales autorizadas por la DGT imparten formación para los permisos A2 y A. Esto también se extiende a bomberos. A modo comparativo, Italia autoriza el canje a voluntarios de Cruz Roja bajo normas idénticas.

Marco reglamentario y registro de las Fuerzas Armadas (RECONFAS)

El Real Decreto 628/2014 fija las escuelas militares facultadas para expedir permisos de conducir. Además, regula los modelos oficiales y organiza el canje mutuo con el sistema civil ordinario.

Asimismo, Defensa y la Dirección General de la Guardia Civil controlan sus registros propios. Ambos organismos se coordinan con las pautas del artículo 72.1 del Reglamento de Conductores.

Interconexión telemática y ordenación de la Policía Nacional

Por consiguiente, la Orden DEF/601/2015 creó el Registro de Conductores de las Fuerzas Armadas (RECONFAS). Este sistema conecta de forma electrónica sus datos con el registro de la DGT.

Además, la Orden INT/1518/2021 regula los centros formativos para la Policía Nacional. Esta norma autoriza a sus escuelas para preparar y expedir habilitaciones a sus funcionarios.

Divergencias del EEE y doctrina del TJUE sobre renovaciones

Existen claras diferencias entre los canjes europeos y los suscritos con terceros países. En estos casos exteriores, España firma convenios bilaterales específicos con condiciones técnicas variables.

Asimismo, el Tribunal de Justicia europeo resolvió el asunto C-47/20. Indicó que un Estado puede rechazar un permiso renovado en otro país si el titular tenía prohibido conducir por alcoholemia.

Competencia registral e inscripciones sobre el soporte físico

Por otro lado, en la sentencia C-56/20, el TJUE aclaró un aspecto clave sobre el carné físico. Así, declaró que solo el Estado de residencia habitual del conductor puede realizar anotaciones.

Por tanto, ningún país puede poner sellos de sanción en un carné extranjero. Debe avisar antes al Estado de residencia para que este anote formalmente la medida.

Precisión técnica del marco normativo aplicable

No conviene remitir de forma amplia a la “legislación vigente”. En su lugar, resulta más exacto citar directamente el Reglamento General de Conductores en el propio texto.

Asimismo, este marco se amplía con acuerdos diplomáticos internacionales. Por eso, el Ministerio de Asuntos Exteriores pacta con terceros países el canje de los permisos de conducción.

Coherencia expositiva y técnica legislativa

El apartado a) emplea el vocablo técnico “expedición”. Por esta razón de estilo, habría sido más coherente escribir aquí “la expedición de las autorizaciones”.

Por consiguiente, este sencillo cambio aportaría mayor claridad a la norma. De esta forma, se unifican los conceptos de los permisos otorgados por Interior.

Marco reglamentario de escuelas y centros especializados

Este precepto alude a las Escuelas Particulares de Conductores. Su marco legal se halla en el Real Decreto 1295/2003, de 17 de octubre.

Asimismo, este régimen incluye a los centros de mercancías peligrosas regulados por la Orden de 18 de junio de 1998. También abarca a las escuelas de la Guardia Civil y la Policía.

Centros de formación CAP y ámbito autonómico

Este texto no refleja bien la realidad actual de las autoescuelas. Por ejemplo, los centros de formación CAP no dependen del Ministerio del Interior. En realidad, las comunidades autónomas autorizan estos centros según el Real Decreto 284/2021.

Cualificaciones profesionales y Formación Profesional

Por otro lado, el Real Decreto 1225/2010 creó títulos de transporte en FP. Estas enseñanzas abarcan la conducción de autobuses, camiones y turismos.

Sin embargo, el Estado solo diseña el temario oficial básico. En la práctica, son las consejerías de educación autonómicas quienes imparten estas clases en sus institutos de FP.

Causas de extinción de las autorizaciones

El Reglamento de Conductores explica las causas para retirar los permisos. En su Capítulo IV reúne los trámites de nulidad, lesividad y pérdida de vigencia.

En consecuencia, estos artículos regulan los casos en que caducan los títulos docentes. Del mismo modo, fijan el cierre de los centros formativos autorizados.

Término omitido en el articulado

En este precepto técnico falta añadir el término “expedición”. Conviene colocarlo de forma expresa antes de citar los certificados de aptitud.

Por lo tanto, añadir esta palabra definiría con mayor precisión el trámite oficial. Así se delimita mejor la concesión de estos títulos por parte de Tráfico.

Claridad sintáctica en la normativa técnica

Habría sido más directo redactar: “… que permitan acceder a la enseñanza profesional de la conducción“.

Asimismo, esta frase corta evitaría rodeos innecesarios en la ley. De este modo, se aclara con rapidez qué titulación docente se exige a los profesores.

Títulos habilitantes en las escuelas de conductores

El reglamento de autoescuelas (RD 1295/2003) marca las pautas en su artículo 46. En dicho texto se fija cómo obtener el título de profesor de formación vial.

Por consiguiente, el artículo 47 de la misma norma regula los requisitos de los directores. Así se comprueba la preparación de quienes dirigen las autoescuelas.

Cualificación facultativa y verificación psicofísica

Las normas sanitarias para este personal se recogen en el Real Decreto 170/2010. En su artículo 10 se regulan los centros de reconocimiento de conductores (CRC).

Asimismo, este texto establece los reconocimientos psicotécnicos obligatorios. Estas pruebas resultan indispensables para renovar el carné de conducción con total seguridad.

Propuesta de competencia formativa específica

La ley debería incluir esta función de reciclaje para los examinadores y funcionarios. De este modo, los empleados públicos mantendrían sus conocimientos siempre al día.

Por lo tanto, una formación continuada ayuda a interpretar bien las leyes. Así se vigila con mayor acierto la seguridad vial en carretera.

Marco del Reglamento General de Vehículos y RGCond

Este aspecto se halla regulado en el Título IV del Real Decreto 2822/1998 (RGV). Además, se aplica en constante coordinación con el Reglamento de Conductores.

Sin embargo, conviene revisar el texto legal actual sobre estos vehículos. Desde 2016 los ciclomotores son considerados formalmente como vehículos de motor por la normativa europea.

Garantías formales en revisión de actos

Para anular permisos o revisar actos de vehículos se aplica la Ley 39/2015. Esta norma básica del Procedimiento Administrativo guía todos los trámites oficiales.

Por consiguiente, este marco legal protege los derechos del ciudadano frente a Tráfico. Así se evita la revocación arbitraria de las autorizaciones concedidas.

Omisión terminológica de las licencias de circulación

Habría sido muy oportuno que la ley mencionase también las licencias de circulación. De esta manera, se abarcarían todos los documentos de los vehículos.

Asimismo, este proceso formal se apoya en el Título IV del RGV. También se rige por las reglas del Título V de la Ley 39/2015.

Marco de ensayos y conducción autónoma

La Instrucción 15/V-113 de la DGT regula los ensayos de conducción autónoma. Esta orden autoriza pruebas con coches automatizados en carreteras abiertas al tráfico.

Por consiguiente, este protocolo técnico fija pautas muy estrictas de seguridad vial. Así se protege al resto de los conductores durante las pruebas.

Clasificación de placas verdes y rojas

Los permisos temporales cubren placas verdes particulares y placas rojas de empresa. Las placas rojas usan la letra S o la V según el origen del coche.

Ensayos de fabricantes y permisos provisionales

Asimismo, los ensayos especiales de fabricantes exigen llevar la placa temporal junto a la señal V-12. Esta señal muestra claramente el indicativo F.V. en su diseño.

Por otro lado, los permisos provisionales para circular tienen su propio espacio legal. En concreto, se detallan en el artículo 26 del Reglamento de Vehículos.

Aprobación del Real Decreto 892/2024

Resultaría más exacto aludir al Real Decreto 892/2024. Esta norma aprobó el nuevo Reglamento de Vehículos Históricos junto con la Instrucción PROT-VEH 2024/13.

Periodicidad de la inspección técnica periódica

En consecuencia, los coches históricos de entre 30 y 40 años deben pasar la ITV cada dos años. Así lo fija el Real Decreto 920/2017.

Asimismo, los vehículos con más de 60 años quedan exentos de revisión periódica. Esta misma exención beneficia directamente a los ciclomotores clasificados como históricos.

Alcance temporal de la catalogación histórica

Al decir que la norma ampara los coches “que integran” el patrimonio, parece limitar el alcance. De hecho, parece olvidar los modelos aún no catalogados.

Por consiguiente, sería más adecuado redactar “que integran o puedan integrar el patrimonio”. Así se facilita catalogar vehículos singulares en el futuro.

Presupuestos y medidas cautelares

El procedimiento para retirar coches de la vía se halla regulado en la ley. En concreto, esta medida figura en el artículo 105.1 del TRLTSV.

Por tanto, esta retirada actúa como una herramienta básica de la autoridad. Gracias a ella, los agentes restablecen con rapidez el tráfico seguro.

Concurrencia con las facultades locales

Conviene analizar el artículo 7.c) del TRLTSV sobre competencias locales. Este precepto autoriza a los ayuntamientos a retirar coches fuera de poblado en ciertos tramos.

Por consiguiente, surge una coincidencia en las competencias viales. Por esta razón, las jefaturas de tráfico y las policías locales deben colaborar estrechamente.

Prohibición de estacionamiento y seguro obligatorio

Un coche en baja temporal no puede realizar un estacionamiento en la calle por carecer de permiso. De infringir la norma, la grúa municipal puede retirarlo.

Asimismo, el Real Decreto 1507/2008 exime de contratar el seguro obligatorio a estos automóviles. Sin embargo, su titular puede mantener una póliza si lo desea de modo voluntario.

Regulación de coches zombi bajo el RD 265/2021

Tráfico detectó bajas temporales usadas para camuflar desguaces ilegales, llamados coches zombi. Por ello, el Real Decreto 265/2021 fija la baja en un año con prórroga voluntaria.

Por consiguiente, si el vehículo pasa 10 años sin ITV ni seguro, Tráfico tramita su baja definitiva de oficio. No obstante, el titular puede rehabilitarlo posteriormente.

Regulación de la baja definitiva y Centros Autorizados (CAT)

La baja definitiva se tramita según el artículo 35 del RGV. Además, el Real Decreto 265/2021 regula el reciclaje final de los vehículos fuera de uso.

Por consiguiente, los coches se consideran residuos al entregarse en un Centro Autorizado (CAT). A continuación, el desguace tramita la baja telemática y emite el justificante oficial.

Cesión de vehículos para prácticas de rescate e investigación

Por otro lado, la Instrucción 15/V-109 de la DGT abre otra posibilidad formativa. Permite ceder temporalmente vehículos dados de baja a bomberos y centros de rescate.

En consecuencia, estos coches se aprovechan en simulacros y cursos prácticos. De este modo, los servicios de emergencia ensayan técnicas de rescate en siniestros viales.

Marco del Título IV del Reglamento General de Vehículos

Las normas de baja temporal, definitiva y rehabilitación se hallan en el RD 2822/1998. En concreto, figuran en el Capítulo VI de su Título IV.

Por lo tanto, este marco legal fija los requisitos para recuperar un coche. Así, el titular conoce los pasos necesarios para volver a circular legalmente.

Procedimiento administrativo por declaración responsable

La Directriz VEH 2025/11 de la DGT fijó un trámite especial para catástrofes como la DANA. Esta norma facilita dar de baja definitiva los coches arrastrados o ilocalizables.

Asimismo, los dueños pueden presentar una declaración responsable sobre la pérdida total del vehículo. En consecuencia, Tráfico tramita la baja sin exigir la entrega previa en un desguace.

Régimen de ficheros y ordenación ministerial

Crear ficheros de datos públicos exige una orden en el BOE según la ley. Por ello, la Orden INT/1202/2011 dedica su fichero número 17 al registro de autoescuelas.

Sin embargo, algunos censos no se integraron formalmente en dicha orden. Así ocurre con los formadores de mercancías peligrosas, que deben inscribirse en la DGT por normativa específica.

Acceso ilícito a bases registrales y doctrina del Tribunal Supremo

Asimismo, estas bases informáticas cuentan con una estricta protección penal. En este sentido, la Sentencia 5536/2016 del Tribunal Supremo castigó el acceso indebido a estos registros.

Por consiguiente, consultar datos de tráfico sin permiso legal constituye un delito claro. Esto se castiga aunque los datos obtenidos no se difundan a terceros.

Publicidad formal y estado de los automóviles

El artículo 2 del Reglamento General de Vehículos regula el censo de automóviles de Tráfico.

Por lo tanto, este censo acredita la titularidad de los coches matriculados en España. Igualmente, anota sus características técnicas y cualquier cambio de titular a lo largo del tiempo.

Organización administrativa e interoperabilidad local

El Real Decreto 818/2009 organiza el fichero oficial de conductores en su Título V. En este censo se anotan las multas y el saldo del permiso por puntos.

Asimismo, la DGT firma convenios habituales con los consistorios municipales. Gracias a estos acuerdos, los ayuntamientos acceden por vía informática a la base de Tráfico.

Control público de profesores, directores y autoescuelas

Los censos de autoescuelas y sus profesores se hallan en el RD 1295/2003. Estas obligaciones docentes figuran en sus artículos 49 y 50.

Por consiguiente, estos censos ayudan a Tráfico a controlar la formación vial. De este modo, se garantiza que las clases se impartan por docentes titulados.

Delimitación de los Centros de Reconocimiento de Conductores

Conviene aclarar que este fichero solo afecta a conductores que precisan carné. Por el contrario, los usuarios de bicicletas o patinetes no pasan revisiones médicas.

Asimismo, el registro oficial de estos centros médicos se recoge en el RD 170/2010. Sus requisitos principales se desarrollan entre los artículos 10 y 11.

Uso del vocablo “grabación” frente a “manipulación”

Sería mejor usar el vocablo “grabación” en vez de manipular. Troquelar matrículas es una tarea legal que no debe confundirse con la alteración ilegal de placas.

Ensayos de matrícula electrónica en derecho comparado

Por otro lado, lugares como California prueban placas de matrícula digitales. Estas pantallas traseras aportan funciones útiles para la seguridad vial.

Por consiguiente, estos paneles avisan de robos y facilitan el pago en el estacionamiento. Además, emiten alertas de emergencia policial en tiempo real mediante GPS.

Registro telemático bajo el Real Decreto 885/2020

Los fabricantes de placas deben inscribir a sus distribuidores en Tráfico según el RD 885/2020. Dicho trámite enlaza con el fichero 5 del Ministerio del Interior.

Asimismo, los talleres deben registrar el bastidor y el comprador al troquelar la placa. Del mismo modo, destruyen la matrícula antigua cambiada.

Conceptos técnicos, retirada de autorización y fiscalización

La ley define al manipulador como quien graba físicamente la placa. Si el taller incumple las normas técnicas, el fabricante debe retirarle el permiso.

Por consiguiente, tras la baja, se retira de inmediato la maquinaria suministrada. Sería bueno que la ley concrete qué policías deben inspeccionar estos locales.

Rigor semántico en la terminología industrial

Habría sido mejor escribir “centros de grabación de placas de matrícula“. Esta expresión resulta más precisa para el sector industrial.

Por lo tanto, se evita el sentido negativo que tiene la palabra manipular. Así se separa la labor legal del taller de los delitos por falsificar placas.

Medios personales y dispositivos telemáticos

La vigilancia de las carreteras se realiza mediante patrullas fijas o móviles. Los agentes operan a pie o en coches oficiales y camuflados.

Asimismo, este control policial se apoya en cámaras y radares automáticos. Estos medios telemáticos ayudan a vigilar la red viaria sin descanso.

Fiscalización normativa y ámbito local

La disciplina del tráfico abarca las tareas públicas para hacer cumplir el reglamento. Así se garantiza el respeto a las señales y normas de circulación.

Por consiguiente, la Guardia Civil y policías autonómicas vigilan las vías interurbanas. En cambio, dentro del casco urbano esta labor recae en las policías locales.

Auxiliares de policía y estatuto funcionarial

En pueblos sin policía local, guardas o vigilantes pueden asumir el tráfico. Sin embargo, la ley de bases locales exige ser funcionario para ejercer autoridad pública directa.

Por consiguiente, la Ley de Capitalidad de Madrid regula a los controladores del aparcamiento. Para sancionar con rigor, estas denuncias deben incluir fotografías del coche.

Jurisprudencia sobre controladores de estacionamiento regulado (SER)

Al respecto, un juzgado de Madrid anuló una multa del SER en 2017 por faltar fotos del automóvil infractor.

Además, el juez aclaró que los controladores no son agentes de la autoridad. Por tanto, sus quejas no tienen presunción de veracidad sin una prueba gráfica clara.

Definición de travesía y distorsión competencial

Una travesía es la carretera que cruza un pueblo sin variante alternativa. Choca que una multa allí vaya a Tráfico y en la calle contigua al alcalde.

Asimismo, muchos ayuntamientos pequeños carecen de medios suficientes. En estos casos de falta de agentes, la Jefatura Provincial de Tráfico puede asumir las sanciones de tráfico.

Travesías no cedidas y acuerdos de delegación

Por otro lado, una travesía no cedida al municipio sigue siendo carretera del Estado. Es por eso, el ayuntamiento no puede multar directamente en dicho tramo.

Por consiguiente, colocar radares o semáforos exige pedir permiso previo al titular de la vía. También cabe firmar convenios entre ambas administraciones.

Estudios de distribución sancionadora estatal y municipal

Muchas encuestas sociales indican que los conductores ven las multas como un fin recaudatorio.

Sin embargo, los datos oficiales muestran una realidad muy distinta. Tráfico tramita solo el 14 % de las sanciones, mientras los ayuntamientos gestionan cerca del 76 %.

Corrección gramatical del deber de inspección

Decir “obligación de someterse” no resulta muy acertado. La persona física no pasa la revisión mecánica directamente.

Por consiguiente, el texto debería decir: “obligación de someter el vehículo a la inspección técnica periódica”. Así queda clara la intención de la norma.

Tipificación sancionadora por resultado desfavorable o negativo

Tráfico puede multar a quien incumpla los mandatos de la inspección técnica. Esto ocurre al desobedecer los plazos o reparaciones ordenadas.

Por tanto, se castiga circular con ITV desfavorable, salvo para ir al taller. Además, una inspección negativa prohíbe mover el coche por completo.

Instalación de inhibidores y manipulación de dispositivos técnicos

Instalar inhibidores de radar en talleres constituye una infracción muy grave. Así lo determina con firmeza el artículo 77.p) del TRLTSV.

Asimismo, se sanciona fabricar placas de matrícula sin autorización. También se castiga alterar tacógrafos o limitadores de velocidad en camiones.

Distribución espacial de las corrientes circulatorias

La ordenación del tráfico engloba las reglas para canalizar vehículos y peatones. Esta labor aprovecha el espacio disponible en la carretera.

Por consiguiente, esta tarea marca los sentidos obligatorios de marcha. Además, determina las reservas de carriles y las restricciones viales.

Distribución temporal y modulación de flujos

La regulación del tráfico gestiona los tiempos de paso para coches y peatones. A diferencia de la ordenación física, esta función organiza los turnos de paso.

Asimismo, este control se realiza mediante las luces de los semáforos. Del mismo modo, interviene con las señales de los agentes en los cruces.

Optimización de la capacidad viaria y seguridad

La gestión del tráfico utiliza medios telemáticos para aprovechar las vías. Su fin principal es mejorar el rendimiento de la red de carreteras.

Por consiguiente, busca elevar la seguridad vial de los usuarios. Además, ayuda a reducir los atascos y los retrasos circulatorios habituales.

Diferenciación entre facultades policiales y gubernativas

El apartado k) complementa de forma clara al apartado i). De esta forma, combina la gestión y el control con la vigilancia de los agentes.

Sin embargo, conviene separar ambas funciones de manera adecuada. La policía vigila y sanciona en carretera, mientras las autoridades administrativas dirigen la gestión.

Amplitud del concepto de vía interurbana y áreas de servicio

El concepto de vía interurbana abarca la calzada y los arcenes. Además, incluye las áreas de servicio según la Ley 37/2015 de Carreteras.

Asimismo, el Ministerio del Interior o las comunidades autónomas mandan sobre estos viales. Por consiguiente, ejercen el control policial dentro de las gasolineras y descansos.

Caminos rurales y atestados en vías no urbanas

La ley define como vía pública fuera de poblado a la vía interurbana. En cambio, una vía urbana se ubica dentro del casco municipal.

Por tanto, los caminos rurales abiertos al tráfico son vías interurbanas por ley. Si ocurre un choque grave allí, la Guardia Civil redacta los atestados oficiales.

Instrumentación y ratificación de convenios

Este artículo permite delegar el tráfico de travesías en los municipios. De este modo, la policía local asume la vigilancia de estos tramos.

Por tanto, estos acuerdos se firman entre el consistorio y la Guardia Civil de Tráfico. Además, el alcalde y el Jefe Provincial los ratifican formalmente.

Delimitación bajo la Ley de Bases de Régimen Local

Usar la fórmula genérica “entidades locales” resulta impreciso. En España, solo el municipio tiene policía y potestad sancionadora vial directa.

En consecuencia, las comarcas o diputaciones carecen de competencias sancionadoras sobre tráfico. Por consiguiente, conviene cambiar esa frase y hablar de “municipios”.

Naturaleza jurídica bajo la Ley 40/2015

Las normas internas de Tráfico se publican mediante Instrucciones y en la Guía de Infracciones. La Ley 40/2015 autoriza estas órdenes de servicio organizativas.

Asimismo, aunque los policías locales dependan de los alcaldes, estas directrices son vinculantes. Por tanto, aseguran criterios de denuncia idénticos en todo el territorio.

Funciones integrales y marco del artículo 148.1.22ª CE

La ley solo habla de “vigilancia”, omitiendo tareas clave como el auxilio o la ordenación de vehículos.

Por otro lado, la Constitución otorga a las comunidades autónomas la facultad de coordinar a las policías locales. Por consiguiente, los gobiernos autonómicos impulsan planes conjuntos de seguridad vial.

Criterio técnico de la Subdirección General de Normativa

En 2008, la DGT fijó el valor de sus criterios ante los municipios en un informe técnico.

En consecuencia, las leyes de tráfico afectan por igual a todos los conductores. Por ello, las policías locales deben seguir las interpretaciones de Tráfico para actuar de forma homogénea.

Resolución de medidas especiales y servicios autonómicos

La DGT publica cada año en el BOE las restricciones para eventos y carreras en carretera.

Asimismo, el País Vasco, Navarra y Cataluña dictan resoluciones similares en sus redes viarias. Así coordinan el paso de pruebas deportivas en sus territorios.

Titularidad de las vías y precisión sintáctica

Si la ley quería limitarse a carreteras nacionales, debió precisar: “carreteras o travesías estatales”.

Por consiguiente, la redacción actual resulta muy amplia y confusa. De hecho, parece exigir permiso del Estado para cortar cualquier travesía del país.

Contradicción entre el TRLTSV y el Anexo II del Reglamento

Existe una contradicción legal clara entre la Ley de Tráfico y el Reglamento de Circulación.

Por tanto, la Ley da el mando al Estado si la ruta toca vías nacionales. En cambio, el Reglamento otorga el control a la comunidad autónoma si no sale de su territorio.

Artículos 37 y 39 del RGCir y restricciones especiales

Cortar carreteras por seguridad se regula en el artículo 37 del RGCir. Además, se apoya en las restricciones para camiones de mercancías peligrosas.

Asimismo, los agentes pueden cortar vías o desviar vehículos ante un peligro inminente. Esta medida provisional protege la vida de los usuarios en situaciones de riesgo.

Denuncias amparadas en el Reglamento de Circulación

Entrar en una vía cerrada al tráfico se castiga con el artículo 37.1 del Reglamento General de Circulación.

Por consiguiente, vulnerar las restricciones anuales de camiones de la DGT también acarrea sanción. En estos casos, la denuncia se cursa según los artículos 39.2 y 39.5 del mismo texto.

Controles preventivos bajo la Ley Orgánica 4/2015

La policía puede establecer controles en la vía según la Ley de Seguridad Ciudadana. Esta medida preventiva ayuda a investigar y perseguir delitos graves.

Asimismo, la Ley de Carreteras faculta a Transportes para restringir el paso por obras o daños. De este modo, se cuida la conservación de la red de carreteras.

Instrucciones operativas ante inclemencias meteorológicas

El temporal de nieve se gestiona con la directriz 15/TV-87 para camiones en alerta roja. Además, la norma 15-TV-88 fija pautas en túneles durante nevadas.

Por consiguiente, estos protocolos protegen a los conductores atrapados en la nieve. Así se evitan atascos masivos en zonas de montaña o pasos subterráneos.

Señal V-25 y restricciones por contaminación

El artículo 7 del RGCir prohíbe la emisión indebida de contaminantes, marco del que se deriva la señal V-25 (Distintivo Ambiental) aprobada por la Orden PCI/810/2018 para clasificar los automóviles en 0 Emisiones, ECO, C y B. Su colocación resulta preceptiva cuando así lo impongan las ordenanzas locales de acceso.

Asimismo, este marco sustenta las restricciones en episodios de alta polución, la fiscalidad de emisiones articulada en Cataluña por las Leyes 16/2017 y 5/2017 y el tratamiento singular de los vehículos históricos en ZBE bajo el Real Decreto 892/2024.

Alineación con las estrategias estatales de calidad ambiental

Las restricciones vehiculares por razones medioambientales se coordinan de forma directa con el Plan Aire del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Por lo tanto, la legislación vial se orienta activamente hacia una movilidad sostenible, compatibilizando la fluidez circulatoria con los umbrales de salubridad pública.

Obligaciones estadísticas de la Orden INT/2223/2014

La comunicación sistemática de datos relativos a las víctimas se regula en la Orden INT/2223/2014, por la que se determinan las pautas de información hacia el Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico.

Asimismo, este banco registral consolida la información policial y sanitaria en todo el territorio para evaluar las medidas de seguridad vial.

Factores de riesgo determinantes de la siniestralidad

La Unión Europea califica como las cuatro causas primarias responsables del 75 % de las muertes en carretera: el exceso de velocidad, la inobservancia de la señalización, la no utilización del cinturón de seguridad y la conducción bajo los efectos del alcohol.

Por consiguiente, la investigación técnica de siniestros concentra sus esfuerzos en fiscalizar estos comportamientos de riesgo para atajar la lesividad vial.

Delimitación territorial y concurrencia autonómica

En la redacción del precepto debiera haberse añadido expresamente la precisión “del conjunto del Estado o de España”.

Por consiguiente, debe tenerse en cuenta que las distintas comunidades autónomas también elaboran y publican de forma continuada sus propias estadísticas sobre las inspecciones técnicas de vehículos en sus respectivos ámbitos territoriales.

Obligación telemática bajo el Real Decreto 920/2017

El artículo 10.7 del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, establece que el resultado de las inspecciones debe ser comunicado por la estación ITV por vía electrónica en el mismo día de su realización al Registro de Vehículos de la Jefatura Central de Tráfico, con devengo de la tasa reglamentaria correspondiente.

Estudios de la patronal del sector

Asimismo, deben consultarse los datos periódicos facilitados por AECA-ITV (Asociación Española de Entidades Colaboradoras con la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos).

Por tanto, esta entidad agrupa a la práctica totalidad de las empresas públicas y privadas que prestan el servicio de inspección técnica en territorio español, proporcionando análisis estadísticos clave sobre el estado de la seguridad vial y las deficiencias mecánicas del parque automovilístico.

Marco del RGCir y alcance de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Respecto a las pruebas, debe valorarse no solo lo previsto en los artículos 22, 23 y 28 del RGCir, sino también lo preceptuado en el artículo 796.1.7ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta norma procesal penal no incluye en su tenor a determinados usuarios viales, como peatones, conductores de ganado, jinetes o quienes manejan un vehículo de tracción animal.

Asimismo, este apartado o) confiere al Ministerio del Interior competencia para efectuar las pruebas sobre el volumen alcohólico del conductor, pero no para fijar reglamentariamente las tasas máximas en sangre o aire ni para someter a controles a usuarios distintos a los conductores en ausencia de infracción o siniestro.

Divergencias entre el artículo 14 TRLTSV y el RGCir

Esta habilitación se amplió en el artículo 14.1 del TRLTSV al prohibir la circulación de cualquier conductor que supere la tasa de alcoholemia reglamentaria establecida en el artículo 20 del RGCir. El artículo 14.2 del TRLTSV vincula a los restantes usuarios únicamente si están implicados en un accidente de tráfico o cometen una infracción.

En cambio, el artículo 21.a) del RGCir exige además que el usuario sea considerado posible responsable del siniestro. Por tanto, debe prevalecer la norma legal superior, quedando habilitada la realización de pruebas a todo implicado en un siniestro sin distinguir culpas previas.

Muestreos aleatorios y delimitación administrativa frente a la penal

El artículo 21.d) del RGCir exige que los controles preventivos respondan a una orden formal de servicio dictada por la autoridad competente. En estos muestreos aleatorios rara vez concurre una conducción anómala previa, por lo que la conducta no integra por sí sola el delito del artículo 379.2 del Código Penal, que castiga la influencia y no la mera presencia de sustancias.

Por consiguiente, los positivos indiciarios sin sintomatología delictiva deben remitirse a la vía administrativa sancionadora (Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 6540/2016), acordándose la inmovilización del automóvil según el artículo 104 del TRLTSV.

Protocolo procedimental y baremo delictivo objetivo

La práctica de la prueba se detalla en los artículos 22 y 23 del RGCir y en la Instrucción 08/S-102 de la DGT. En materia de alcohol, el tipo objetivo penal opera inexorablemente al rebasar los 0,60 mg/l en aire o 1,2 g/l en sangre.

Asimismo, la Instrucción 3/2006 de la Fiscalía General del Estado califica como delito cualquier tasa que supere los 0,40 mg/l si concurre siniestro o infracción grave. En cuanto a las sustancias estupefacientes, el artículo 796.1.7ª de la LECrim prevalece sobre el artículo 28 del RGCir, reservando la práctica del test salival a agentes de policía judicial de tráfico con cualificación especializada.

Diferenciación conceptual en la terminología jurídica

El término clínico “intoxicación alcohólica” debería reservarse para los cuadros más severos con afectación neurológica patente. En los supuestos ordinarios resulta técnicamente más apropiado emplear “grado” o “tasa de alcoholemia“.

Por lo tanto, ingerir una copa de vino no constituye una intoxicación en sentido médico, debiendo adaptarse el vocabulario legal al rigor farmacológico para no desvirtuar la gravedad real del tipo infractor.

Tolerancia cero administrativa y excepción terapéutica

En vía administrativa rige el criterio de tolerancia cero, castigándose la mera presencia en el organismo según el artículo 14.1 del TRLTSV y no una graduación de intoxicación. Este artículo excluye únicamente aquellas sustancias administradas bajo prescripción facultativa y finalidad terapéutica, siempre que el conductor mantenga inalterada su aptitud para circular con diligencia y seguridad.

Por su parte, el artículo 27.1 del RGCir califica como análogas a los psicotrópicos a aquellos medicamentos que alteren el estado psicofísico para circular. Sin embargo, la norma reglamentaria sigue sin incorporar el análisis salival como procedimiento evidencial directo.

Acreditación ENAC y cadena de custodia

El artículo 14.3 del TRLTSV y el artículo 796.1.7ª de la LECrim estructuran la prueba mediante un test indiciario salival seguido de una muestra biológica enviada a laboratorios acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) conforme a la norma ISO 17025.

Por consiguiente, la estricta garantía de la cadena de custodia y la verificación del método cromatográfico constituyen requisitos de validez probatoria frente a impugnaciones judiciales tanto en vía administrativa como penal.

Evolución normativa: del Real Decreto-ley 5/2023 a la Orden INT/914/2024

El apartado p) fue derogado por el Real Decreto-ley 5/2023 tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2023, dictada en estricta consonancia con el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de enero de 2023.

En consecuencia, se declaró la nulidad radical del régimen de concesión administrativa que atribuía la impartición de los cursos a una entidad exclusiva bajo la Orden INT/2596/2005. Este modelo cerrado ha sido reemplazado por un régimen de autorización administrativa reglada a través de la Orden INT/914/2024, de 2 de septiembre.

Reforma del artículo 49 de la Constitución y Convención Internacional

El artículo 49 de la Constitución Española consagra el mandato de asegurar que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos en libertad e igualdad efectivas, debiendo garantizarse su plena autonomía personal en entornos accesibles. Este postulado enlaza con el artículo 20 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que impone a los Estados facilitar su movilidad personal al coste más asequible posible.

Asimismo, la Ley 8/2021 suprimió la incapacitación judicial tradicional para sustituirla por medidas individualizadas de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica, vinculándose este criterio al Texto Refundido de la Ley General de la Discapacidad (RDL 1/2013) y a la Estrategia de Seguridad Vial 2030 orientada a amparar a los usuarios vulnerables.

Itinerarios peatonales accesibles

En el entorno urbano rige la Orden TMA/851/2021, cuyo artículo 5 define el concepto de itinerario peatonal accesible.

Por lo tanto, la norma técnica obliga a los consistorios a garantizar el tránsito peatonal continuo, seguro y autónomo, erradicando barreras arquitectónicas que limiten el libre desplazamiento de las personas con movilidad reducida.

Matiz técnico en la declaración de principios

Más que utilizar el término imperativo “garantía”, resultaría más realista y exacto emplear expresiones como “fomentar” o “procurar activamente”.

Por consiguiente, la realidad de las vías e infraestructuras constata que dicha garantía material no se alcanza de manera uniforme en todos los municipios y entornos interurbanos del territorio.

Lengua de signos y personas no alfabetizadas

La igualdad real de oportunidades se ve comprometida en aspirantes sordos o con severas dificultades de comprensión lectora. Para paliar esta brecha, la DGT editó junto a la Fundación CNSE el “Manual de conducción en lengua de signos española”, facilitando material adaptado.

Jurisprudencia sobre exámenes orales y derecho comparado

Asimismo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid estimó el recurso de un aspirante al que Tráfico impedía realizar la prueba oral de recuperación tras haber obtenido su licencia originalmente por dicho método en 1983. La resolución judicial concluyó que aumentar el tiempo escrito no subsana el impedimento absoluto de quien no sabe leer ni escribir.

No obstante, debe valorarse que en la conducción práctica concurren paneles de mensaje variable e indicaciones escritas complejas, exigiendo países como Jamaica (Road Traffic Act) que el aspirante sepa leer y escribir de forma demostrada.

Condiciones técnicas en la Orden TMA/851/2021

El artículo 35 de la Orden TMA/851/2021 impone la reserva de una plaza para personas con movilidad reducida por cada 40 plazas en centros urbanos. Estas reservas deben disponer de un ancho mínimo de 2,20 m más 1,50 m de franja lateral de aproximación, conectando con el itinerario peatonal mediante vado accesible de al menos 1,20 m debidamente señalizado con el símbolo SIA.

Uso indebido de la tarjeta y doctrina del Tribunal Supremo

El Real Decreto 1056/2014 unifica el modelo oficial de la tarjeta de estacionamiento para todo el país. La Sentencia del Tribunal Supremo 396/2021 fijó jurisprudencia determinando que utilizar la tarjeta auténtica de un familiar ausente constituye una infracción administrativa por estacionamiento indebido y no un delito de falsedad documental del artículo 393 del Código Penal, al faltar el propósito directo de causar un perjuicio económico efectivo.

Sin embargo, la reproducción de fotocopias o la alteración material de los datos originales del documento sí integra un delito de falsedad tipificado en los artículos 390 y 392 del Código Penal, procediendo la retirada cautelar inmediata del distintivo.

Catálogo de derechos en el Real Decreto 1056/2014

El artículo 7.1 del Real Decreto 1056/2014 reconoce a los titulares de la tarjeta el derecho a solicitar reserva de plaza próxima a su residencia o centro de trabajo, aparcar sin abono temporal en zonas reguladas, realizar paradas en zonas de carga y descarga y acceder a áreas residenciales restringidas.

Límites infranqueables de estacionamiento

Por el contrario, el artículo 7.2 prohíbe de forma terminante estacionar sobre zonas peatonales, cruces, vados, salidas de emergencia o espacios donde se reduzcan los carriles de circulación.

En consecuencia, disponer de este documento no constituye una patente general para conculcar las reglas esenciales de seguridad y visibilidad en la vía.

Sesgo normativo hacia el conductor de automóviles

Llama la atención que la Ley mencione de modo preferente a las personas con discapacidad en su condición de conductoras, relegando el amparo que precisan como peatonas o viajeras. Debe recordarse la obligación de acondicionar el transporte colectivo urbano contenida en el Real Decreto 1544/2007 y en el Reglamento Europeo UE 181/2011.

Asimismo, el precepto debió redactar “conductores o aspirantes a conductores”, debiendo circunscribir la protección a problemas de movilidad reducida efectiva y no a cualquier tipología genérica de discapacidad.

Tipo de IVA superreducido del 4 %

En el marco de las medidas de fomento, las personas con movilidad reducida pueden beneficiarse del tipo de gravamen superreducido de IVA del 4 % en la adquisición de un vehículo a motor nuevo sin matricular.

Por consiguiente, el automóvil debe destinarse al transporte habitual de la persona afectada, exigiéndose mantener la titularidad del bien durante al menos cuatro años consecutivos, salvo supuesto sobrevenido de siniestro total.

Doctrina STS 1851/2021 y tipicidad penal

Desde la Sentencia del Tribunal Supremo 1851/2021, la indebida utilización de la tarjeta de estacionamiento se reconduce de forma primordial a la vía sancionadora administrativa del artículo 6 del RD 1056/2014 y de la normativa autonómica. La aplicación del delito del artículo 393 del Código Penal decae al exigir intencionalidad dolosa directa de perjudicar a un tercero.

Falsificación material y régimen del Código de Accesibilidad

Por el contrario, el artículo 399 del Código Penal castiga como delito la falsificación del certificado público oficial o el uso a sabiendas del documento falso.

Asimismo, marcos autonómicos como el Decreto 209/2023 de Cataluña tipifican el uso indebido o copia como infracción que, de reiterarse tres veces en un año, acarrea multas económicas, la retirada cautelar de la tarjeta y su suspensión formal entre 12 y 24 meses.

Desarrollo mediante la Orden INT/209/2025

Las características técnicas, la duración y los requisitos de los cursos de conducción eficiente y segura para bonificar o recuperar puntos se detallan en la Orden INT/209/2025, de 27 de febrero.

Por lo tanto, esta disposición establece los mecanismos de certificación, auditoría telemática y homologación pedagógica que deben reunir los centros formadores habilitados.

Depuración de fórmulas accesorias

La expresión final de cierre “a tal efecto” resulta técnica y gramaticalmente prescindible en el texto del apartado r).

En consecuencia, su supresión aligeraría la redacción de la competencia sin merma de la fuerza imperativa atribuida a la Administración.

Supervisión de calidad en centros formativos

Con la implantación de estas auditorías periódicas se garantiza que los centros docentes y los operadores técnicos colaboradores con la Jefatura Central de Tráfico cumplan estrictamente los requisitos legales y de calidad en sus servicios.

Asimismo, la norma prevé que estas inspecciones puedan ser ejecutadas directamente por personal funcionario cualificado o encomendarse a entidades externas acreditadas, dotando de cobertura jurídica a las empresas evaluadoras que auditan las autoescuelas y centros autorizados.