77- Infracciones muy graves de tráfico. Texto refundido Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad vial

Una situación parecida se da cuando alguna persona, por diversos motivos, instala un falso radar para que la gente disminuya la velocidad en una zona. SUBIR

Estos radares de tramo deben situarse en tramos donde esté prohibido adelantar o tengan limitada la velocidad máxima, ya que, si no es el caso, la autoridad sancionadora debe tener en cuenta, de acuerdo con el art. 51 RGCir, que la velocidad máxima genérica fijada de 90 km/h en este tipo de vías para turismos y motocicletas puede ser rebasada en 20 kilómetros por hora por este tipo de vehículos cuando adelanten a otros que circulen a velocidad inferior a aquella. Esa es la excusa que utilizan numerosos conductores en sus recursos. SUBIR

Hubiera sido mejor que dijese que es infracción muy grave: “La caída de parte o de la totalidad de la carga transportada en el vehículo por no llevarla adecuadamente acondicionada y sujeta, creando grave peligro, mientras permanece en la calzada, para el resto de los usuarios”.

También nos encontramos la contradicción de que “arrojar” a la vía objetos que puedan provocar un accidente es según el art. 76n) una infracción grave y este apartado 77b) castiga más una conducta negligente que la citada conducta en la que tiene que concurrir dolo necesariamente.

La explicación la podríamos encontrar en que objeto (a diferencia del “objeto voluminoso” que figura en el art. 40 de la LSV) se refiere a cosas de pequeño o mediano tamaño y parece que el legislador considera que carga es siempre mayor en tamaño que objeto.

También hay que destacar que los artículos 51.2 TRLTSV y 130 RGCir se refieren a la carga como obstáculo en la vía a causa de un accidente o avería y luego en su apartado 2 de la carga que ha caído sobre la vía, pero en ningún momento se refieren a que haya caído por “su mal acondicionamiento”. Es en su art. 14 donde el RGCir indica que debe ir bien sujeta. SUBIR

3. En los supuestos a los que se refiere el apartado anterior, … en tanto se deja expedita la vía, todo conductor deberá emplear los dispositivos de preseñalización de peligro reglamentarios para advertir dicha circunstancia, salvo que las condiciones de la circulación no permitieran hacerlo. SUBIR

De todas formas, la presencia de drogas en el organismo se puede recurrir ante los tribunales. Estos pueden anular la sanción si no se hizo un segundo análisis en laboratorio, si no está acreditada la cadena de custodia de las pruebas, sino hay informe de ratificación del agente o si se carece del certificado del control metrológico del aparato medidor.

Si en un control da positivo en drogas y alcohol sería denunciado por dos infracciones distintas, una por alcohol y otra por drogas.

La tasa de alcohol puede suponer la pérdida de entre 4 y 6 puntos (Apartado 1 del Anexo II TRLTSV). La presencia de drogas en el organismo implica la pérdida de 6 puntos (Apartado 2 del Anexo II TRLTSV). SUBIR

Es decir, para que haya delito ha de demostrarse la influencia de la droga en el sujeto, cuyos signos van a ser inicialmente constatados por el agente, que debe tener una formación especializada a tal efecto. No obstante, la imputación del delito es competencia del juez, quien, a la vista de todos los hechos y pruebas, determina si hay o no delito.

La sentencia núm. 283 de 18 de mayo de 2015 del Tribunal Supremo recuerda la necesidad de hacer constar en las intervenciones policiales, la cantidad y pureza de la droga incautada a los que trafican con la misma. Cita la STS 1982/2004 que dice que “los mínimos psico-activos son aquellos parámetros ofrecidos por un organismo oficial y de reconocida solvencia científica, como es el Instituto Nacional de Toxicología, que suponen un grado de afectación en el sistema nervioso central, determinando una serie de efectos en la salud de las personas, desde luego perjudiciales al contener unos mínimos de toxicidad y producen también un componente de adicción que ocasiona que su falta de consumo incite hacia la compulsión”.

El Instituto Nacional de Toxicología publica unas tablas donde refleja los mínimos psico-activos de las principales drogas ya que por debajo de esas cantidades no serían tóxicos para el organismo y esas tablas debieran de aplicarse también en el TRLTSV. SUBIR

Respecto al concurso con otros delitos, cuando la persona que conduzca bajos los efectos del alcohol, ocasionara, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los Jueces o Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado.

Está previsto igualmente que el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, pueda rebajar en un grado la pena de prisión en atención a la menor entidad del riesgo causado y a las demás circunstancias del hecho.

Debiera contemplarse una reducción del importe de la sanción administrativa cuando el infractor, siendo drogodependiente en el momento de comisión de los hechos, acredite suficientemente que ha finalizado con éxito un tratamiento de deshabituación, siempre que la cantidad de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas no fuese de notoria importancia o de extrema gravedad, ya que pensar que la única medida positiva para revertir esta situación son los cursos de reeducación y sensibilización vial no deja muy bien parado al legislador. SUBIR

Lo que desconocen esos dos conductores sustitutos (a pesar de ser advertidos al hacerse cargo del vehículo sobre su obligación de no permitir conducir a los conductores afectados por alcohol o drogas a quienes reemplazaban) es en las responsabilidades patrimoniales en que habrían incurrido si esos conductores a los que permiten volver a conducir hubieran causado daños a los bienes o a las personas (Sala de lo Civil del TS de 22/04/1987, de 13/07/1999 o de 29.10.2008). SUBIR

La justificación de estas pruebas de detección de drogas o alcoholemia a los peatones, en estos casos, es que su resultado puede ser decisivo cuando se establezcan responsabilidades por un accidente en el que el peatón se vea implicado o en el caso de que su conducta haya provocado una infracción involuntaria de otro usuario de la vía. Debemos tener en cuenta que no es delito deambular por las zonas peatonales bajo los efectos de drogas o alcohol y se sanciona administrativamente por la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana 4/2015, de acuerdo a los art.36.16 y art.37.17 respectivamente, sólo si bajo sus efectos se causan molestias, alteraciones o causa un riesgo en lugares públicos.

Si sería denunciable deambular ebrio por la calzada porque está reservada para los vehículos y de forma muy limitada para el ganado.

En el caso de los de los conductores de ganado, incluidos los jinetes, el art. 77.c) TRLTSV considera una infracción muy grave conducir con presencia de drogas en el organismo y el art. 28.b) RGCir obliga a someterse a la prueba de detección de drogas en el marco de un programa preventivo. SUBIR

La Instrucción de la DGT 15/TV-86, de 23 de octubre, referida a “Circulación de vehículos de competición”, establece que se entiende por vehículo de competición “aquel vehículo matriculado que, debido a sus especiales características, está destinado a su uso en pruebas deportivas de motor en vías cerradas al tráfico en general”. Esta infracción administrativa muchas veces se corresponde con la que figura en el art. 379.1 CP, y que tipifica los supuestos en los que se rebase en 60 km/h la establecida en vías urbanas y en 80 km/h la autorizada en vía interurbanas.

El art.9 bis del Codice della Strada italiano (que también funciona como código penal del automóvil), sanciona a cualquier persona que organice, promueva, dirija o, en cualquier caso, facilite una competición deportiva de velocidad con vehículos de motor, o participe sin la correspondiente autorización, agravando el castigo en caso de muerte o lesión como resultado de la competición o en caso de que la competencia se organice con fines de lucro o con el propósito de ejercer o permitir apuestas ilegales, o si participan en la competición menores de dieciocho años de edad.

Vemos que en España el TRLTSV solo sanciona administrativamente a los participantes y no a los organizadores. SUBIR

La redacción de este apartado es similar al p) ya que se limita a sustituir “conducir” por “instalar” pero las consecuencias son muy distintas.

Supone la pérdida de 6 puntos del permiso de conducción (Apartado 5 del Anexo II TRLTSV). SUBIR

El conductor debe insistir al agente para que, a fin de evitar confusiones, ponga el modelo de detector denunciado para poder demostrar que es un detector de radar y no un inhibidor ya que la sanción es muy distinta. Hay muchos navegadores que incorporan detectores de radar y esa función hay que desactivarla para evitar ser sancionado.

En la Sentencia 12/2015 de 30.01.2015 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Pamplona/Iruña se estimó el recurso presentado contra una sanción por uso de un inhibidor de tráfico ya que no se pudo demostrar que el aparato denunciado por los agentes de tráfico tuviese esa función. La Sentencia recuerda que la Administración no puede trasladar la carga de la prueba a la recurrente, ya que es ella la que tiene la obligación de probar sin ningún asomo de duda el hecho típico, la conducción llevando instalado un dispositivo encaminado “…a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico”. SUBIR

• a) En primer lugar, la conducta se describe por la acción de “conducir”. Es decir, solo el conductor de un vehículo, nunca el titular, puede ser responsable de este tipo de infracción. Se requiere, por tanto, para que el hecho pueda ser denunciado, la circulación del vehículo. De este modo, el agente de la autoridad que detecte en esa circulación del vehículo la presencia de este tipo de mecanismos formulará denuncia contra su conductor. Por esta razón, en el supuesto de que por cualquier medio técnico se tuviese constancia de que un vehículo circulaba con este tipo de mecanismos en un momento y lugar determinados, y siempre que los agentes de Ia autoridad no hubiesen identificado al conductor, el órgano instructor, como en otros casos análogos, se dirigirá al titular del vehículo requiriéndolo para su identificación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82.d) de la Ley de Seguridad Vial. Una vez identificado el conductor, se dirigirá el procedimiento contra él notificándole la denuncia por infracción del artículo 77.h) de la Ley de Seguridad Vial.

• b) En segundo lugar, es preciso señalar que la infracción se produce no solo por el hecho de “utilice este tipo de mecanismos, sino también por Ia conducción de un vehículo que los Ileva instalados. El término instalación implica Ia mera colocación en el vehículo de cualquiera de estos mecanismos, independientemente de su forma de montaje, fija o portátil, de tal forma que resulten útiles para el fin consistente en detectar o localizar los referidos sistemas de vigilancia y eludirlos.

• c) Finalmente, es necesario precisar que “mecanismos o sistemas” entran dentro de lo sancionable. A este respecto, el dispositivo debe entenderse prohibido cuando su utilización permita la detección real de los sistemas de vigilancia, ya sea por medio de la captación de sus emisiones o interfiriendo su funcionamiento. Esta situación supone que el mecanismo, para entrar dentro de lo denunciable, debe permitir el diálogo técnico entre el vehículo y el sistema de vigilancia (radar o cinemómetro). Y ello tanto si, a resultas de dicho diálogo, el dispositivo se limita a alertar al conductor para que modifique su conducta como a interferir el radar, cinemómetro o el sistema de captación de imágenes neutralizándolo o inhabilitándolo de modo que el vehículo pueda circular por el punto kilométrico donde se encuentre sin ser captado por el mismo.

Esta interpretación supone, a sensu contrario, que no procede Ia formulación de denuncia en el caso de que el dispositivo consista en una base de datos de información pública sobre posibles puntos kilométricos donde se encuentren los referidos sistemas de vigilancia, aun cuando se combine con un sistema de navegación que advierta al conductor de la cercanía de algunos de estos puntos previamente introducidos en la citada base de datos. En este caso, no se produce el dialogo técnico antes descrito entre el vehículo y el sistema de vigilancia que permita la detección de este último, sino que el diálogo se produce entre el vehículo y los satélites de localización, limitándose a informar al conductor de Ia proximidad de un punto previamente introducido en la base de datos.

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Véase también:

• Reglamento (UE) núm. 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera, por el que se deroga el Reglamento (CEE) núm. 3821/85 del Consejo relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera y se modifica el Reglamento (CE) núm. 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera (DOUE núm. L 60 de 28 de febrero).
• Real Decreto 640/2007, de 18 de mayo, por el que se establecen las excepciones a la obligatoriedad de las normas sobre tiempos de conducción y descanso y el use del tacógrafo en el transporte por carretera (BOE núm. 126, de 26 de mayo).
• Real Decreto 1082/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen especialidades para la aplicación de las normas sobre tiempos de conducción y descanso en el transporte por carretera desarrollado en islas cuya superficie no supere los 2.300 km2 “. (BOE núm. 10, de 12 de enero).
• Instrucción Circular 1/2019 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre “Tacógrafo y tiempos de conducción y descanso”, SUBIR

En los supuestos en los que Ia identificación del conductor por parte del titular del vehículo no es completa o verosímil y sí, imprecisa y esquiva, es admisible, según el Tribunal Constitucional, que Ia Administración utilice este hecho como indicio y que lo valore, en conjunto con otras circunstancias, para inferir la responsabilidad del propietario por Ia infracción cometida. Con Ia argumentación anterior, se pretende evitar por las autoridades administrativas que la mera comunicación de no ser el propietario quien conducía el vehículo en el momento de la infracción y Ia remisión a una tercera persona sin identificación completa sirva para evadir la responsabilidad por Ia infracción cometida. El deber de identificar verazmente comporta por parte del titular el comunicar todos los datos necesarios (nombre y apellidos -DNI/NIE o pasaporte- y domicilio) (STC 63/2007, de 27 de marzo y 154/1994, de 23 de mayo, entre otras.)

Según el artículo 11) del TRLTSV:

1. El titular de un vehículo tiene las siguientes obligaciones:

• a) Facilitar a la Administración la identificación del conductor del vehículo en el momento de cometerse una infracción. Los datos facilitados deben incluir el número del permiso o licencia de conducción que permita la identificación en el Registro de Conductores e Infractores del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. Si el conductor no figura inscrito en el aludido Registro de Conductores e Infractores, el titular deberá disponer de copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España y facilitarla a la Administración cuando le sea requerida. Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos sin conductor, la copia de la autorización administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de arrendamiento”. SUBIR

En la página “www.guardianesdelasfalto.com” viene un comentario de fecha 12.08.2014 de un guardia civil que narra que patrullando junto a su compañero se encontraron de frente a un coche que había hecho un trompo en mitad de una rotonda quedando parado el vehículo en sentido contrario. Al detenerse junto a él encontraron a los dos ocupantes de pie junto a éste. Ambos mostraban síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol, y al preguntar quien conducía se acusaron mutuamente, no pudiendo averiguar quién de los dos era el conductor, pero sí sabiendo que era uno de los dos porque no acusaban a un tercero. Los agentes tomaron la decisión de trasladar a los dos a dependencias policiales en calidad de detenidos, realizándoles a los dos las pruebas de detección de alcoholemia (uno 1.29 y el otro 1.22), y procediendo a imputar a los dos a la espera de lo que decidiese el juez. SUBIR

Con esta regulación parece que la administración cierra la posibilidad de que la sanción de aquellas infracciones no notificadas en el acto (cada vez más) puedan ser eludidas mediante el fácil recurso de inventar un conductor ficticio o de facilitar datos de un conductor real pero que se encuentre fuera del alcance del poder sancionador de la Administración. SUBIR

Como muchas veces se identifica a una persona insolvente y la Administración es incapaz de cobrar la multa, alguna Jefatura de Tráfico optó por multar al titular del vehículo detrayéndole además los puntos correspondientes a la infracción cometida. Los periódicos del 15.01.2018 se hacen eco de que este comportamiento de la DGT es ilegal tal como sentenció el Juzgado de lo Contencioso número 6 de Madrid que en mayo de 2017 anuló esta sanción. La sentencia recuerda que multar al titular del vehículo, sin tener pruebas de que era él quien conducía, en lugar de al conductor, vulnera los principios de responsabilidad personal y de presunción de inocencia.

El Consejo General del Poder Judicial en una nota de prensa de fecha 21.11.2019 informa el jueves, 21 de noviembre de 2019 que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Valladolid anuló la sanción de 300 euros impuesta por el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda a un vecino por no identificar al conductor del vehículo de su propiedad tras ser captado por un radar circulando a 60 kilómetros en un tramo en el que la velocidad estaba limitada a 50. La obligación de identificación del conductor, precisa el juez, “exclusivamente será exigible y sancionable cuando el requerido para ello, en este caso el titular del vehículo, niegue ser el conductor del vehículo al momento de la infracción o, lo que es lo mismo, niegue su implicación en los hechos”.

Por tal motivo, concluye que “lo que no puede imponer la administración municipal demandada, en este caso el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, es una obligación absoluta de identificación de conductores haya reconocimiento o no de la autoría, bajo advertencia de duplicar o triplicar la sanción originaria. Sólo cabe exigir la identificación del conductor cuando el propietario niegue la autoría, pero no en el caso de admitir esta, o de un simple silencio”. Como en estos dos últimos casos no se ha producido la negativa a identificar al conductor, la multa será “normal”. SUBIR

Es lamentable, que no hubieran dejado constancia de aquella preocupación en el texto refundido. Estos vehículos deben cumplir estrictamente con sus específicas condiciones de circulación ya que por sus características pueden representar un grave peligro para otros usuarios de la vía e incluso para la propia vía y esto justifica no sólo la sanción sino también la inmovilización.

Sería de aplicación el art. 12.7 TRLTSV que prohíbe la circulación de vehículos que hayan sufrido una reforma de importancia sin haberla regularizado ante el organismo competente en materia de industria. Como vemos no se castiga sólo realizar la reforma de importancia sin autorización (art. 67 TRLTSV) sino que también se castiga la circulación en esas condiciones. Si se denuncia la realización de la reforma sin haberla regularizado el denunciado sería el titular, por una infracción grave que pasaría a ser muy grave si las condiciones técnicas afectasen gravemente a la seguridad vial.

Conducir un vehículo con un permiso o licencia de conducción que no le habilite para ello supone la pérdida de 4 puntos del permiso de conducción (Apartado 8 del Anexo II TRLTSV). SUBIR

Por eso sería conveniente que el TRLTSV contuviese esos términos en el articulado. SUBIR

Participar o colaborar en Ia colocación o puesta en funcionamiento de elementos que alteren el normal funcionamiento de este dispositivo, constituye infracción tipificada como grave (art. 77.m) TRLTSV) que Ileva aparejada para el conductor que participe o colabore la pérdida de 6 puntos”. Esta pérdida figura en el Apartado 7 del Anexo II TRLTSV.

Para la denuncia de estas infracciones es necesario que el agente disponga de la correspondiente tarjeta de control que le posibilite inspeccionar el tacógrafo

La alteración del tacógrafo puede ser un delito. En una Sentencia dictada el 15.01.2020 el Tribunal Supremo condenó a seis meses de prisión y al pago de una multa de 1080 euros por un delito de falsedad documental, en la modalidad de simulación, a un camionero que colocó un imán en la parte metálica del sensor de movimiento del tacógrafo, que generaba registros de inactividad cuando en realidad estaba en funcionamiento.

Los magistrados concluyeron que en el caso planteado se produjo un delito de falsedad documental, sancionable penalmente conforme al artículo 392 del Código Penal, en relación con el artículo 390.1.2º del mismo texto legal. Este último artículo describe como una de las modalidades del delito de falsedad documental “simular un documento en todo o en parte de manera que induzca a error sobre su autenticidad”. SUBIR

• 110.2.a) Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas en las zonas de dominio público, de servidumbre o de afección de Ia carretera, Ilevadas a cabo sin las autorizaciones o licencias requeridas, o incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas, cuando puedan ser objeto de legalización posterior.
• 110.3.a) Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas en las zonas de dominio público, de servidumbre o de afección de Ia carretera, Ilevadas a cabo sin las autorizaciones o licencias requeridas, o incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas, cuando no fuera posible su legalización posterior.
• 110.4.a) Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas entre Ia arista exterior de Ia explanación y la línea de edificación, Ilevadas a cabo sin las autorizaciones o licencias requeridas, o incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas. SUBIR

En este último caso nos encontramos que la Guía codificada de infracciones de Tráfico de la DGT no contempla esta infracción por lo que, si se comete, los funcionarios desconocen inicialmente como darla de alta en el sistema. SUBIR

Si se sancionase a un conductor, fuese o no el titular del vehículo, por conducir un vehículo provisto de un inhibidor, debería denunciarse al titular por instalar un inhibidor y también al taller que lo instaló. SUBIR

El art. 80.3 TRLTSV indica que “se podrá imponer la sanción de suspensión de la correspondiente autorización por el período de hasta un año. Durante el tiempo que dure la suspensión su titular no podrá obtener otra autorización para las mismas actividades”. SUBIR

Debieran detallarse mucho más las responsabilidades de los Centros de Reconocimiento de Conductores por la mala praxis. Se dio el caso de una persona carecía de vista en un ojo y sin embargo el centro no detectó esa limitación, porque el interesado tapó un ojo y luego al indicarle que tapase el otro, volvió a tapar el mismo, y no está clara la sanción en estos casos. Fue sancionado el Centro por no haber llevado a cabo el reconocimiento ya que la JPT entendió que al no apreciar el facultativo la falta de visión en un ojo, eso implicaba que el reconocimiento no tuvo lugar. SUBIR

Es cierto que ese mismo art. 77 señaló antes en su apartado n) que es infracción muy grave: “Realizar en la vía obras sin la autorización correspondiente, así como la retirada, ocultación, alteración o deterioro de la señalización permanente u ocasional.”, pero, además de olvidarse incluir el término “destrucción”, ya que lo que se deteriora o altera se puede recuperar, pero no lo que se destruye, no incluye la necesidad de reparar el daño causado.

El agente, debe acudir al art. 41.2.b) de la Ley 37/2015, de Carreteras para denunciar. Dicho art. señala que es infracción muy grave: “b) Destruir, deteriorar, alterar, o modificar cualquier construcción, instalación, elemento o equipamiento cuando las actuaciones afecten a la plataforma, o puedan afectar a la seguridad viaria, … si se hubieran producido daños a la vía o perjudicado a la seguridad viaria o a la adecuada explotación de la misma”. SUBIR